¿ Los niños tutelados, mejor en manos privadas que publicas ?

Recientemente ha conocido la sociedad española y particularmente la sociedad balear, la lamentable realidad de los centros tutelares de Baleares y especialmente de aquellos titularidad del sector público.

Los hechos acaecidos en ellos son conocidos por el amplio público, y no haré relato alguno de ellos aquí.

No obstante para mí, que siempre he sido un entusiasta enamorado de la figura del tutor y la tutela, posiblemente parte de ello se lo deba a mi madrina – una directiva de una fundación tutelar femenina privada internacional. La inquietud que los lamentables sucesos recientemente conocidos por el público general ha despertado en mi persona, me han llevado a reflexionar sobre la idoneidad de que sea el sector público el que gestione de forma monopólica la tutela de los menores, en despachos casi inaccesibles para muchos, ocupados por los más altos dirigentes aforados del estado, personas cuasi injuiciables, y con múltiples prerrogativas para esquivar la acción de los juzgados ordinarios.

Me interrogaba entonces a mí mismo, si los menores no se encontrarían más seguros en manos privadas, las cuales responden ante los tribunales como cualquier ciudadano de a pie, y aún más, carecen de cualquier poder político con el que cubrirse, quedando supeditados en todo a los juzgados más cercanos, – el juez ordinario – como cualquier otro ciudadano.

De igual forma, es igual de cierto que el sector privado responde de sus daños ya sean: físicos, psicológicos o de otro tipo, con su patrimonio personal presente y futuro, no obstante los actuales gestores de los centros públicos tutelares de menores, carecen de toda responsabilidad patrimonial, toda su responsabilidad descansa sobre el erario público. Ay, qué fácil es gestionar y tomar decisiones cuando no te juegas en garantía tus ahorros y el resto de tu patrimonio.

Quedando los menores tutelados en todo caso bajo los caprichos políticos del gobernante de turno y sus planes electorales para las campañas posteriores, no estaría entonces bien poner un ápice de independencia en los centros tutelares? y no es el sector privado la mejor forma para lograrlo?

No obstante, no seamos ingenuos. En el sector privado también hay miseria. En concreto, aquellos falsos benefactores propietarios de centros semipúblicos también llamados concertados, que se alinean con el sector público, y que en connivencia con él, atrapan a los menores en centros de desesperanza y desilusión, ausente en todo momento la diligente inspección que deberían prestar las administraciones concertantes, centros en donde lo único que le importa al ente público y al contratista es, 1 menor = X € , y con esta simple fórmula el gobernante de turno busca donde abandonar a su suerte al menor, en un nuevo y moderno mercado de trafico de menores institucionalizado.

Quedando los menores más desprotegidos que nunca ante cuantos pretenden turbarlos, y aún más sin atención ni orientación pedagógica alguna.

La sociedad balear y española ha podido conocer, con estos hechos lamentables que ahora ven la luz, el perfecto conocimiento de la situación de los centros tutelares públicos así como semipúblicos también llamados concertados, más allá de las muchas historias similares que no conoceremos, por el dolor que a sus víctimas les produce recordarlas, niños y niñas que hoy ya no son tales infantes, y que con el sacrificio de su esfuerzo y la tenacidad de su determinación, han podido escapar de estas mafias institucionalizadas y construirse una vida y un porvenir, que como mínimo en parte les pueda compensar cuanto padecieron, sufrieron y lloraron de pequeños.

Por ello creo que la sociedad debería apreciar la privatización de los centros tutelares de menores como un elemento de ruptura de esta realidad. Hay, en multitud de lugares fundaciones y otras entidades privadas sin animo de lucro dedicadas a la protección de los menores, entidades que por su propia naturaleza son los agentes sociales naturales a los que les corresponde tal encomiable tarea, y que actualmente están apartadas y marginadas de la gestión de los principales centros tutelares de menores.

Entidades próximas a los ciudadanos, cuya única razón de ser es la protección de los menores.

Estas entidades son sin duda alguna las que podrían asumir la gestión de los centros tutelares de menores, de igual forma a estas mismas entidades les correspondería la detección de victimas de abusos domésticos y su consecuente proceso de institución de la tutela frente los tribunales competentes, ante los cuales también sería responsable la propia entidad tutelar.

Siendo que estas entidades, de la misma forma estarían supervisadas en su actuación por las administraciones públicas, quienes una vez separadas de la dirección de los centros de menores, no tendrían mas interés en ellas que el de asegurarse que estas cumples diligentemente su encomienda.

Las entidades se podrían financiarían mediante, las aportaciones voluntarias de sus miembros protectores, de los cuales se habría ganado su confianza, así como también del trabajo y el patrimonio de sus menores tutelados, así es la búsqueda de recursos impulsaría a las entidades privadas a instruir y formar a sus tutelados, para que estos puedan coadyuvar en la financiación de la misma casa que les da refugio y sustento. Los menores no tendrían mejores tutores que aquellos que saben que depender de la potencial productividad de sus tutelados para subsistir, esto crearía una autentica institución con espíritu familiar, que crearía a su vez verdaderos hijos de la institución tutelar.

Por otro lado, así como sucede en todas las entidades tutelares privadas, la acción protectora hacia el menor no finalizaría con la mayoría de edad del mismo, como sucede actualmente en los centros públicos, sino que se extendería según el modelo privado, hasta que el menor fuera lo suficientemente independiente, especialmente en el plano económico, para afrontar su pleno abandono de la entidad tutelar.

De igual forma, otra fuente de financiación podría ser el rendimiento del patrimonio del menor. Una situación que suele pasar cuando se ha producido el asesinato de uno de los padres del menor por el otro progenitor, y no podríamos encontrar de más seguro que unos mejores administradores de nuestro patrimonio en tal situación, que una entidad que espera poder explotar el mismo en beneficio del menor y el hogar que lo acoge, siendo que en la mayoría de casos en los centros públicos la defensa de los derechos hereditarios de los menores tutelados son abandonadas, dado que al permanecer permanentemente financiados estos centros a costa del erario publico no les es de interés.

De esta forma los centros de menores podrían alcanzar altas cuotas, si no plenas, de autonomía e independencia económica, relajando enormemente el esfuerzo tributario del conjunto de la sociedad en el mantenimiento y financiación de estos centros.

Todo ello obviamente sin perjuicio de que las administraciones pudieran otorgar subvenciones a aquellas entidades que hubieran hecho méritos para ello.